Investigadores de la UMA analizan el efecto de la declaración de 18 áreas protegidas de uso múltiple en 52 municipios y evidencian en ellos una mayor pérdida de población.
En ámbitos como el europeo, las áreas protegidas, zonas legalmente declaradas para la conservación de la biodiversidad, incluyen también, en ocasiones, poblaciones humanas. Actualmente, las áreas protegidas cubren el 15% de la superficie terrestre (Protected Planet, 2020). Aunque pueden ser beneficiosas para las poblaciones locales, permitiendo actividades productivas sostenibles ligadas al sector primario y favoreciendo la atracción de turismo, por otro lado, pueden suponer un freno al desarrollo y una disminución del bienestar de la población local.
Un grupo de investigadores de la UMA ha publicado recientemente una investigación donde se evalúan las consecuencias generadas a raíz de la declaración de 18 áreas protegidas de uso múltiple (siete Reservas de la Biosfera, cinco Lugares de Importancia Comunitaria y seis Zonas de Especial Protección para las Aves) en municipios pertenecientes a la España rural, a partir de tres indicadores de población: el crecimiento total de la población residente, la proporción de la población en edad reproductiva (hasta los 49 años) y la proporción de mujeres en edad reproductiva.
Para la realización del estudio se han comparado los datos de los tres indicadores en 52 municipios insertos en áreas protegidas con los de 55 municipios contiguos establecidos fuera de estas zonas, en el marco de una misma comunidad autónoma. El análisis se ha aplicado tanto antes como después de la declaración de cada área protegida, entre los años 1996 y 2019. Durante este período de análisis, al igual que la mayoría de las zonas rurales del país, los municipios estudiados perdieron población, mientras que muchos de los situados en áreas protegidas revelaron, incluso, peores datos de despoblación que los ubicados fuera de ellas.
Entre otros datos, se observa que los jóvenes (hasta 49 años) tienden a resistir algo mejor en los municipios rurales protegidos, mientras que las mujeres jóvenes, concretamente, presentan peores datos en estos lugares, lo cual indica una emigración sexualmente selectiva de la población rural joven más acentuada en áreas protegidas. Por su parte, las cifras de población joven pueden plasmar datos algo mejores en dichas áreas, como resultado de un menor número de personas mayores de 49 años, menor emigración de jóvenes y/o mayor inmigración juvenil. Aunque habría que verificarlo, las dos últimas causas podrían estar relacionadas con una mayor cantidad de oportunidades laboralesrelacionadas con las áreas protegidas.
Sin embargo, “en términos generales, las áreas protegidas estudiadas no han contribuido a fijar población en las zonas rurales españolas”, apunta David Rodríguez, del Departamento de Geografía de la UMA, el autor principal de la investigación. Entre las excepciones, los municipios emplazados en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentaron las cifras más positivas de despoblación; de hecho, en ciertos casos se manifestó en ellos un incremento poblacional en el periodo de estudio, como sucedió tras la declaración de los LIC en Sabinares de Somosierra (Segovia) o Sierras de Urbión y Cebollera (Soria).
Pese a este apoyo estatal orientado a situar a las áreas protegidas como activos socioeconómicos territoriales, se debe tener cautela para no priorizar el desarrollo antes que la protección de la naturaleza.
El desarrollo socioeconómico y la protección de la naturaleza
A pesar de que la normativa de protección pueda afectar a la despoblación rural, los autores del estudio afirman que esta no es la única causa, ya que se deben contemplar otros factores como las propias dinámicas de migración, nacimiento y muerte, complejas y multifactoriales. Por otro lado, los datos extraídos sugieren la intervención estatal en forma de inversiones, subvenciones o exenciones fiscales: “Es necesaria para compensar a las poblaciones locales en zonas rurales por las restricciones al desarrollo ocasionadas por la regulación de usos impuesta por las áreas protegidas, como se viene haciendo con iniciativas como por ejemplo el Programa de Subvenciones en las Zonas de Influencia Socioeconómica de la Red de Parques Nacionales”, señala Rodríguez.
En este sentido, la investigación matiza que, pese a este apoyo estatal orientado a situar a las áreas protegidas como activos socioeconómicos territoriales, se debe tener cautela para no priorizar el desarrollo antes que la protección de la naturaleza, evitando promover focos de atracción masiva a través de la construcción de zonas residenciales y turísticas que pudieran poner en peligro el objetivo principal de estas áreas: la conservación de la biodiversidad.
Referencia: Rodríguez-Rodríguez, D.; Larrubia, R. y Sinoga, J.D. (2021). “Are protected areas good for the human species? Effects of protected areas on rural depopulation in Spain”. Science of The Total Environment, 763. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144399
